Los gastos pactados en Chile para calmar disturbios

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El gobierno y la oposición de Chile acordaron un paquete de medidas para mejorar las pensiones para los pobres y reducir las tarifas de transporte público para los ancianos, como una respuesta de las autoridades a los disturbios sociales en el país sudamericano.

El acuerdo, firmado en las primeras horas del jueves, aumentará la pensión mínima en un 50% en los próximos tres años, escribió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en su cuenta de Twitter. A medida que envejece el jubilado, aumenta el pago. Según el acuerdo, las tarifas de transporte para las personas mayores disminuirán en un 50% y los precios de los medicamentos bajarán.

El acuerdo es la última concesión de la administración del presidente Sebastián Piñera para poner fin a una serie de protestas que han convulsionado a la nación durante el último mes. El paquete costará US$1.500 millones al año, dijo Briones a Radio BioBio, equivalente a aproximadamente el 0,5% del producto interno bruto. El ministro ya había elevado el déficit fiscal pronosticado para el año próximo al 2,9% del producto interno bruto frente al 2%.

“Sé que quizás esto pueda parecer poco para algunos, pero es un avance muy importante en la dirección correcta”, dijo Briones a través de Twitter. Además, el paquete vela “por la responsabilidad fiscal para dar sostenibilidad en el tiempo”, agregó.

El financiamiento para las medidas provendrá de nuevos recursos y una mejora en el gasto público, dijo Briones a Radio ADN el jueves, sin dar detalles.

Los disturbios sociales estallaron el 18 de octubre tras un aumento en las tarifas del metro. Los manifestantes han libraron batallas prácticamente a diario con la policía, con casi un tercio de los supermercados destrozados o saqueados y más de 4.500 personas arrestadas.

Entre otras medidas para calmar los disturbios, el gobierno y la oposición han acordado un mecanismo para reescribir la constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Piñera también se comprometió a proporcionar un ingreso mínimo garantizado antes de impuestos de 350.000 pesos (US$438) al mes para las personas que ganan el salario mínimo de 301.000 pesos. Para financiar esta medida, el gobierno planea aumentar los impuestos sobre las personas con mayores ingresos, así como establecer un nuevo impuesto sobre las viviendas valoradas en más de 400 millones de pesos.

Ninguna de las concesiones ha impedido que un grupo de legisladores de la oposición presente una “acusación constitucional” contra Piñera por presuntas violaciones contra los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante marchas callejeras y disturbios.

La acusación será discutida por un comité de legisladores durante los próximos días antes de ir a la Cámara de Diputados, donde necesita una mayoría simple para pasar a la cámara alta. En el Senado, sin embargo, requiere una mayoría de dos tercios.

La acusación “no tiene ningún fundamento”, dijo Piñera a periodistas el miércoles. “Lo que el país necesita es unidad, acuerdos y soluciones a los problemas de los chilenos”.

Bloomberg

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