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La disolución del Congreso peruano por parte del Presidente Martín Vizcarra abrió una nueva etapa en la historia contemporánea de esta nación suramericana. Si bien la polémica decisión presidencial generó una crisis inmediata en el ámbito político, que se vio reflejada en los medios de comunicación de todo el mundo, las turbulentas aguas parecieran haber descendido por ahora, para así dar paso a un proceso electoral que terminará en enero de 2020 con la elección de los nuevos congresantes que representarán al pueblo peruano.

En medio de este agitado panorama, el Presidente Vizcarra supo mover bien sus piezas y fortaleció su imagen como Jefe de Estado al elevar su popularidad a 79% (según una encuesta urbano rural de Ipsos), que se vio reflejada en numerosas marchas y expresiones en las calles a su favor. Además su decisión impulsó a sus posibles sucesores, encabezados por el ex primer ministro Salvador del Solar, quien fue el encargado de ir al hoy disuelto congreso para llevar la cuestión de confianza sobre la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que derivó en el cierre del parlamento. En estos momentos, Del Solar ocupa un sitio privilegiado en los sondeos de los posibles candidatos que se medirán en la contienda presidencial de 2021.

Del otro lado, la mayoría de los partidos políticos que hacían vida en el congreso, y que en principio manifestaron su total desacuerdo con la disolución del parlamento, ahora están corriendo de un lado a otro para seleccionar a sus candidatos para los próximas elecciones parlamentarias. Algunas de estas organizaciones también cuentan con representantes en la llamada Comisión Permanente, que es la única que se mantiene activa tras la disolución del parlamento, y que está sesionando para tratar de reactivar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y dar cuenta de las autógrafas de ley (proyectos o textos de Ley que fueron aprobados por el extinto congreso) que no fueron promulgadas ni recibidas por el Ejecutivo.

Otro actor importante en este episodio de la vida política peruana es el Tribunal Constitucional, cuyo pleno decidió no incorporar como magistrado al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del presidente de la Comisión Permanente Pedro Olaechea, cuya selección “ express” por parte del Congreso motivo la decisión de Vizcarra de disolver el parlamento. Además este tribunal decidió que el nuevo Congreso será el que se encargue de concluir la selección de sus magistrados.

¿Un próximo regreso?

Aunque todo pareciera indicar que el presidente peruano tiene al “toro agarrado por los cuernos”, una decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) trajo de nuevo la polémica sobre la mesa. De acuerdo con el organismo, existe la posibilidad de que los mismos congresantes que tuvieron que abandonar sus cargos tras la disolución del parlamento podrían presentarse como candidatos a las elecciones de enero de 2020, siempre y cuando no tengan ningún proceso abierto en su contra.

Esto debido a que las últimas reformas electorales que impedían la reelección de los congresantes aún no tienen el año de aprobadas, y según el marco legal vigente en el país no se podrían aplicar en los próximos comicios parlamentarios. Sobre este punto, Vizcarra se limitó a indicar que si el JNE determina que esto es factible, pues que los ex congresantes se postulen. Pero recordó que al Congreso sólo se llega con la voluntad del pueblo.

Una voluntad que pareciera no acompañar a muchos de los ex congresantes que esperan regresar pronto a sus curules, más aún cuando las principales encuestas señalan que más de 80% de los peruanos apoyan la disolución del Congreso por considerarlo corrupto y por no representar al pueblo.

El cabo suelto

Un cabo que aún queda suelto en medio de la situación política que vive actualmente Perú, es el futuro de Mercedes Aráoz, la vicepresidenta de Vizcarra que fue juramentada como Presidenta Interina por un Congreso que ya había sido disuelto y que al día siguiente renunció a sus funciones políticas al frente de la Vicepresidencia. Pero su decisión creó un vacío legal que todavía no ha sido resuelto y que deja al Ejecutivo oficialmente sin la figura del vicepresidente, un cargo que solo puede ser escogido por fórmula electoral.

Para el Jefe de Estado, la situación de Aráoz debe ser materia de una interpretación jurídica por parte del Ministerio de Justicia, e indicó que nadie está atado a un cargo que no desea ejercer. Posición distinta mantiene sobre este tema el nuevo primer ministro Vicente Zeballos, quien refirió que Aráoz estaba “amarrada a su cargo por la fuerza reglamentaria o formal”. Analistas políticos señalan que Aráoz debe presentar su renuncia formal al Ejecutivo y que no se debería involucrar al Ministerio de Justicia en este asunto.

David Rodríguez Andara