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Miles de personas se reunieron este lunes en las plazas de las ciudades chilenas, después de un fin de semana marcado por soldados y policías que se enfrentaron con manifestantes y dispararon contra saqueadores enmascarados. El peso y las acciones locales se desplomaron.
Chile está soportando un cuarto día de disturbios y protestas en la peor agitación social desde que el país regresó a la democracia a fines de la década de 1980 para convertirse en el país más próspero de América Latina.
Once personas murieron y 1,500 fueron arrestadas en una ola de ataques incendiarios, saqueos y disturbios que han llevado a las ciudades a un punto muerto. El presidente, Sebastián Piñera, ha declarado un estado de emergencia y ha pedido al ejército que restablezca el orden.
Las escenas son difíciles de conciliar con la imagen del país como uno de los casos más estables de la región, con una economía digna de mostrar. Lo que comenzó como protestas contra los aumentos de las tarifas del metro se transformó rápidamente en manifestaciones de descontento por la igualdad de ingresos, las pensiones, la salud y la educación.
“Es como una olla a presión”, asegura Claudio Fuentes, profesor de ciencia política en la Universidad Diego Portales en Santiago. “Esta es una serie de agendas paralelas que se han estado construyendo durante décadas y explotaron con el aumento de las tarifas de transporte”.
Si bien Piñera retrocedió en el aumento de las tarifas, sus esfuerzos para combatir la violencia han agregado combustible al fuego. El domingo por la noche, tenía un mensaje claro para Chile: estamos en guerra, elegimos bandos y ganaremos. No se mencionó el diálogo.
En un discurso televisado a la nación el domingo en la noche, el presidente elogió a las fuerzas de seguridad y comparó a los manifestantes con una organización criminal. Es una táctica peligrosa. Detrás de los disturbios hay una oleada mucho mayor de personas que protestan contra la economía de libre mercado de Chile, la cual que ha producido vastas riquezas y una enorme desigualdad. Los sindicatos mineros convocaron una huelga general para el 23 de octubre y acusaron a la policía de “agresión brutal”.
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la delincuencia y la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas”, dijo Piñera. Los alborotadores “representan el mal”.
El general del ejército Javier Iturriaga respondió a los comentarios del presidente diciendo “no estoy en guerra con nadie”.
Las protestas descarrilarán la agenda fiscal, de pensiones y de reforma laboral que había promovido como clave para el crecimiento, según Ricardo Solari, economista y exministro durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos.
“A partir de ahora, el gobierno de Piñera solo se centrará en hacer las cosas sin problemas y abandonará sus reformas”, asegura Solari.
Las muertes fueron causadas por ataques incendiarios en un supermercado y un almacén. Unas 70 estaciones de metro han sido dañadas, algunas casi destruidas, decenas de autobuses han sido quemados, las tiendas saqueadas y los edificios incendiados. El toque de queda no ha logrado evitar el caos, que se extendió a otras regiones, lo que obligó a Piñera a extender el estado de emergencia.
La mayoría de las tiendas estaban cerradas y muchas compañías alentaron a sus empleados a trabajar desde casa. Los que sí fueron a trabajar, después de que el toque de queda se levantó a las 6 de la mañana, se enfrentaron a un transporte público restringido, con soldados vigilando las entradas del metro y helicópteros militares en lo alto. Los mercados chilenos cayeron en un volumen bajo, ya que muchos operadores se quedaron en casa, pero no alcanzó a darse una venta de pánico.
“Tres supermercados en mi vecindario fueron saqueados ayer y la policía ni siquiera apareció”, dijo David Vargas el lunes, mientras caminaba a su lugar de trabajo como técnico para una compañía de tarjetas de crédito. “El gobierno solo se enfoca en la seguridad y están agregando leña al fuego con ese lenguaje”.
Vargas se unió a otras personas golpeando ollas en las calles en días anteriores, pero eligió quedarse en casa el domingo mientras sus vecinos organizaban patrullas para evitar que los saqueadores ingresen a las casas. Normalmente, sale de su casa a las 6 a.m. y no llega hasta la medianoche, ya que gasta alrededor de US$3 y tres horas al día en transporte público.
El gobierno no está en contacto con la gente, dijo Vargas. “Parece que las cosas necesitan llegar a un punto de crisis para que seamos escuchados”, dijo.
Malos recuerdos
Los sindicatos mineros están pidiendo el fin del estado de emergencia y el toque de queda, según un comunicado del grupo paraguas CTMIN, que representa a algunos trabajadores de la mina de cobre Los Bronces, de Anglo American Plc; Quebrada Blanca, de Teck Resources Ltd.; Los Pelambres y Zaldívar, de Antofagasta Plc; entre otras.
De regreso a Santiago, las patrullas militares y los vehículos blindados en las calles traen malos recuerdos de la dictadura militar que gobernó el país desde 1973 hasta 1990. El toque de queda comenzó a las 7 pm en gran parte de la capital el domingo, pero no pudo evitar otra ola de protestas y destrucción.
El solo sistema de metro ha estimado daños por más de US$300 millones, según el periódico La Tercera. En el aeropuerto, los vuelos fueron suspendidos durante la noche, y los viajeros durmieron en las cintas transportadoras para respetar el toque de queda.
Estamos preparados para un “día difícil” el lunes, dijo Piñera al país el domingo, antes de detallar los intentos de reabrir el transporte público.
Si bien reconoció el derecho de las personas a protestar y dijo que entendía algunas de sus quejas, el mensaje de Piñera en general fue profundamente intransigente. Criticó a quienes defienden a los manifestantes, brindó su “total apoyo y respaldo” a las fuerzas de seguridad y se comprometió a restablecer el orden.
No usó la palabra “diálogo” ni una vez, una omisión que probablemente enfurezca a los miles que salieron a las calles pacíficamente en todo el país en los últimos días. Si bien muchos han deplorado la violencia, respaldan las demandas centrales.
Al menos 22 personas resultaron heridas de gravedad durante las protestas, dijo el domingo el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, según informó el diario chileno El Mostrador. La organización dijo que se informó del uso de fuerza excesiva y de acoso sexual por parte de las fuerzas de seguridad, y se obligó a mujeres a que se desnudaran, según informó El Mostrador.
Los manifestantes, golpeando ollas y sartenes, marcharon nuevamente en Santiago el domingo, y las fuerzas armadas intervinieron en algunos casos para dispersarlas. La mayoría de las tiendas y centros comerciales permanecieron cerrados, y los pocos establecimientos que abrieron tenían largas colas de personas comprando víveres, agua y combustible.
Santiago se prepara para recibir al presidente Donald Trump y otros líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en menos de un mes.
Bloomberg
